La situación sigue siendo crítica en el país, pero aún más difícil está en la capital del valle del cauca, en la ciudad de Cali, en donde ya no hay combustibles, en donde ya no hay productos básicos de la canasta familiar y en donde aún siguen los enfrentamientos de la fuerza pública contra con civiles.
Ya se ha confirmado que hay grupos de manifestantes armados y que se enfrentan a tiros con la policía.
De otro lado, el comité nacional del paro le ha hecho el llamado al presidente para que atienda los requerimientos de los manifestantes, pero desde los territorios y no desde la casa de Nariño, que es la casa presidencial en Colombia, un equivalente de la casa rosada argentina; pero el presidente dijo que no se trasladará a los territorios para sentarse a debatir.
Sin embargo, ya hizo un llamado a un nuevo diálogo nacional a los principales gremios civiles y sindicales, así como a líderes sociales, artísticos y estudiantiles para que visiten la casa de Nariño y se llegue a un acuerdo para acabar con el paro en el país, que ya ha dejado pérdidas humanas que se estiman en 50 para hoy, de las cuales 42 han sido por violencia policial, según la organización de derechos humanos Temblores e Indepaz.
Estas organizaciones rechazaron el llamado de Iván Duque, aludiendo que hasta que no se acabe la barbarie de la fuerza pública contra los marchantes, no se sentarán con él y piden también que desmilitarice las ciudades del país para tener garantías de que el encuentro llegue a un consenso verídico. No obstante, la respuesta en las últimas horas del presidente fue enviar más policías a ciudades como Cali.
Por su parte, WOLA, quien es una organización que se dedica a la investigación e incidencia que promueve los derechos humanos en América, pidió al gobierno de Joe Biden, y al congreso de Estados Unidos suspender la venta de materiales antidisturbios a la policía colombiana y aseguró que apoyar al ESMAD es una violación a la ley de ese país.
Así las cosas, no se ve una pronta solución política desde el gobierno nacional, mientras que instituciones como la Defensoría del Pueblo y organizaciones sociales y defensores de derechos humanos tales como Plataforma Grita, Temblores ONG, entre otras, registran números escalofriantes, entre esos casi mil detenciones arbitrarias, una docena de casos de violaciones sexuales por parte de miembros del ESMAD y la policía, todos dirigidos hacia mujeres, un aproximado de 600 desapariciones, entre el 28 de abril y el 7 de mayo, una treintena de victimas heridas en los ojos, casi 300 agresiones por parte de la policía y un número que se acerca a los dos mil en temas de hechos violentos, la mayoría registrados en vídeos.
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