“La ley no previó eso en su formulación y el decreto tampoco lo trae”, revela el general Ómar Rubiano, director de Seguridad Ciudadana.
Ante este vació jurídico, Rubiano añadió que “llamamos a que de manera administrativa los entes locales abordemos el problema del consumo desde el punto de vista educacional".
De otra parte, recordó cómo será el papel de la Policía ante el decreto presidencial que le da facultad para decomisar y sancionar a quienes sean sorprendidos con estupefacientes.
"Aquí no hay privación de la libertad, aquí simplemente se hace una expedición de la orden de comparendo ante el inspector de la Policía y la incautación de la sustancia”, recalcó.
También recordó que el comparendo, impuesto a quienes carguen la dosis mínima y que costará $208.000, podrá ser apelado antes de tres meses.